Y cuentan además con la garantía del Gobierno del PP de que no serán trasladados si no hay consenso político y social sobre el asunto. Así se lo ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al diputado socialista y exalcalde de Donostia, Odón Elorza.

“El Gobierno no hará nada en todo lo relacionado con el Valle de los Caídos sin el necesario consenso político y social”, le contestó Santamaría a Elorza, fechas atrás. Con ello dejó claro una vez más la poca disposición a cumplir las recomendaciones de la comisión de técnicos y especialistas en la materia que, al amparo de la Ley de la Memoria Histórica, propusieron el traslado de los restos del dictador y de su correligionario José Antonio Primo de Rivera al lugar que dispusieran sus herederos para convertir el conjunto de Cuelgamuros en un Memorial de todas las víctimas de la Guerra Civil, trasladadas a sus columbarios. El PSOE propuso la inhumación y el traslado en 2013.

De la respuesta de la vicepresidenta Santamaría se deduce que el Gobierno no contravendrá la voluntad del dictador que durante más de una década destinó más dinero público a construir la basílica con su gran cruz de homigón dominando el valle hasta Madrid que a levantar escuelas. Y eso que para hacer los trabajos más penosos suministraba presos republicanos a los contratistas, los catalanes Banús y Huarte y Cia. Para hacerse idea de los trabajos y sufrimientos de los presos republicanos es muy recomendable la lectura de Esclavos por la patria (Temas de hoy, 2002), del periodista Isaías Lafuente, y del libro más reciente de José María Calleja El Valle de los Caídos (Espasa, 2009).

Querían los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica, moderados por Alfonso Guerra, que se diera una solución al monumento del Patrimonio Nacional, patrimonializado por la ultraderecha y los nostálgicos de la dictadura, y se creó una comisión que recomendó el traslado de los restos del dictador y del fundador de la Falange para convertir el conjunto de Cuelgamuros en un Memorial de las víctimas de ambos bandos en la Guerra Civil y que sirviera de lección histórica a las generaciones futuras.

Pero en la comisión de expertos se registraron tres votos discrepantes. Uno, del padre de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y a ellos se agarró el Gobierno de Mariano Rajoy para dejar las cosas como estaban. El Ejecutivo ordenó en 2012 la reapertura de la basílica y el monumento, una vez finalizadas las obras de manteniendo que se iniciaron en 2009, y ha seguido suministrando partidas por valor de unos 400.000 euros cada año con cargo al Patrimonio Nacional para obras de reparación. Según el Gobierno “las reparaciones han conseguido detener el deterioro del conjunto monumental y mantener el lugar en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de aquellos que lo visiten”. Fuentes de la dirección general del Patrimonio informan, sin embargo, a este periódico que un proyecto de restauración solvente requiere una inversión de al menos 13 millones de euros.

Tampoco el Gobierno está dispuesto a cumplir la petición de identificación y devolución de los restos que han formulado los familiares de los fusilados republicanos que fueron trasladados a Cuelgamuros sin información ni consentimiento previo. Se estima que más de 20.000 muertos no afectos al régimen dictatorial fueron sacados de las fosas a partir de los años sesenta y trasladados al Valle de los Caídos y almacenados sin más identificación que el pueblo o el lugar de procedencia. Todo lo contrario de lo que ocurrió con los muertos del bando franquista.

Esto se hizo así porque, ante la orden del dictador de trasladar los restos de los fallecidos del bando nacional al mausoleo, muchos alcaldes se quejaron al ministro de la gobernación, Camilo Alonso Vega, de que los republicanos se iban a quedar como dueños de los cementerios, y eso les parecía insoportable. Alonso Vega no quería problemas y les dio permiso para desenterrarlos y llevarlos a Cuelgamuros.

En su respuesta a Elorza, Santamaría recuerda que “se han realizado diversos informes técnicos en relación con los restos de las víctimas inhumadas que señalan que el deterioro interno de criptas y columbarios, como consecuencia de las filtraciones, humedades y estrés térmico, imposibilita la identificación individualizada”. Por si fuera poco, a la dificultad de identificar los restos de los republicanos se añade, según la vicepresidenta, la existencia de cuestiones jurídicas, debido a intereses contrapuestos en algunas de las familias reclamantes. En este sentido agrega que “fue la propia comisión de expertos la que recomendó que se estableciera el consentimiento de todas las familias de los enterrados en un mismo columbario antes de iniciar cualquier actuación”. Con Ley de Memoria Histórica, pero sin voluntad política de cumplirla, el escarnio sigue siendo inamovible.