Hace un par de años la Asamblea Nacional panameña (el senado en otros lados del mundo) discutía una ley contra las prácticas discriminatorias en el país. La misma establecía penas por discriminar personas ya fuera por su color de piel, nacionalidad, o preferencia sexual entre otras, algo que sería un gran avance sin una legislación de este tipo. ¿Quién podría oponerse a una iniciativa de este tipo? Pues nada más y nada menos que la Iglesia. Los hombres de las sotanas no estaban dispuestos a permitir que los “sodomitas” fueran tratados como otro ser humano cualquiera, eso no era de Dios.

Ya verán por donde va el tema. Este año los diputados discuten en el pleno discute una ley que llevaría la educación sexual a todos los planteles del país. Su principal enemigo: la iglesia. Su argumento: Educar sobre sexualidad (género, preservativos, identidad sexual, etc.) es incentivar a mantener relaciones sexuales o a la homosexualidad.

“Estamos atrasados, pero atrasados a nivel medieval” señala Marlin González, una abogada panameña defensora de los derechos humanos “el tema es una cuestión de derechos humanos, es una realidad que no puede esconderse”.

Y no es para menos. Según el último estudio en el país existen 108 adolescentes que a sus 14 años ya tienen 4 hijos, y unas nueve que a sus 19 ya tiene nueve.

“Los sectores conservadores del país, todos ligados a una creencia religiosa, claro dicen que debemos dejar esta educación para la casa” señala Joyce Araujo, directora de la organización Fundagénero “cuando es obvio que los padres en casa no están cumpliendo con esta función”.

Estos dirigentes temen con justa razón que la iglesia logre frenar la iniciativa educativa, tal como lo han hecho en el pasado con otras iniciativas, tal como la mencionada al principio de este artículo, u otras como aquella que validaba los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados fuera del país.

Lo mismo pasa con el tema del aborto. Ya el presidente de la República, un conocido miembro del Opus Dei, aseguró en España que reforzará las penas para quienes incurran en esta práctica. Actualmente en Panamá la mujer que se practique un aborto paga con tres años de prisión.

“Esto pone en riesgo a la madre, que debido a la prohibición debe practicarlos en sitios clandestinos donde pone en riesgo su vida, y donde no se le puede brindar orientación” señala Valentina Anitnelav, de la Fundación casa Matria.

Según la constitución Panamá no tiene religión oficial. Sin embargo la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos debilita el avance de Panamá en cuestiones de derechos civiles. En un país ya atrasado, donde apenas en el 2004 la homosexualidad dejó de ser castigada con cárcel. El daño de las sotanas es notable.