AEAS ha pedido que se suba la tarifa a los ciudadanos. "Es de las más bajas en la Unión Europea", aseguran en un documento presentado este miércoles junto a la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA). Lo que dicha organización no explica que que la  situación económica y social de España es también de las más deterioradas de Europa.

Las tarifas se han incrementado en un 26% en las principales ciudades de España, y hay más de nueve millones de personas con dificultades para garantizarse este bien

"Es un sector desregularizado que supone un refugio de negocio y beneficio para las grandes empresas", contrapone imponiendo cordura Luis Babiano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Entre los operadores privados más potentes se encuentran Aqualia (de FCC), Valoriza Agua (Sacyr) o Acciona. Esta última requirió un informe en febrero de este año a la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC) sobre la gestión del agua en España. En la presentación, PWC reseñaba que a este sector le falta una unidad de mercado y un "incremento de inversiones" de unos "15.700 millones de euros". Inversiones que, con la legislación actual, deberían hacer las administraciones y no las empresas.

La idea de aumentar el campo de acción privado en el suministro de este bien público toma velocidad a base de empujones público-privados. En el mismo acto en el que Acciona desmenuzaba su estudio, Arcadio Mateo del Puerto, un representante del Ministerio de Agricultura, dejaba sentada su postura a favor, asegurando que "lo privado, en la gestión de algo público como el agua, va hacer también que sea más eficiente, no hay duda". Mateo del Puerto es el director general de Acuamed, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A., cuyo objetivo es ser "el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas". 

Le contestaba Roque Gistau, en ese momento presidente de AEAS, que lo que ellos pedían es que hubiera "una seguridad jurídica en la colaboración público-privada", a la par que reclamaba "unidades de gestión grandes para hacer economías de escala". Es decir, sociedades de gran tamaño. Sólo Acciona asegura que abastece a más de  7 millones de personas en 180 municipios, y Aqualia cifra en 850 poblaciones donde tiene responsabilidad en el ciclo del agua.

Poca agua y muy barata

El caso es que la patronal considera que se paga poco "siendo uno de los países con mayor escasez de recursos hídricos" y que no se cubren los "gastos operativos" de llevar el líquido hasta los grifos de las casas. Babiano contrapone que se encarece cuando se está "consumiendo menos". De hecho, en los dos últimos años, los hogares han ahorrado su consumo un 10% y se colocan en los 112 litros por habitante y día. "La factura no cubre costes y debería incrementarse para evitar el deterioro en el servicio y garantizar su sostenibilidad", insiste AEAS. 

Las empresas privadas acceden a dar este servicio "mediante una concesión con un canon anual que paga la empresa a los ayuntamientos prolongado durante 25, 30 o 40 años", explica el portavoz de AEOPAS. "El dinero se utiliza para cualquier cosa. Sobre todo para enjugar las cuentas locales", asegura.

Según su análisis, "el negocio es atractivo porque la tarifa baja todavía es susceptible de subirse y, además, tienes unos clientes que están cautivos porque el agua es una primera necesidad".

Para abundar en su idea de elevar el precio a los clientes, las asociaciones de operadores privados cuentan que "el gasto del agua en los presupuestos familiares representa un 0,8%". Y subrayan que está por debajo de la electricidad o la telefonía. "Lo que omiten– responden los suministradores públicos– es que hace cuatro años estaba en 0,5%". Desde 2009, el precio del agua ha subido cerca de un 26% en las principales ciudades del Estado. Y hasta un 65% en capitales como Barcelona. Lo que deja a cientos de miles de familias sin agua por no poder pagar.

"La pobreza hídrica no es de aplicación directa a la sociedad española", ya que "el sector dispone de mecanismos de acción social que aseguran el cumplimiento del derecho humano al agua", defiende el presidente de AEAS, Fernando Morcillo. Para Luis Babiano, la privatización convierte ese derecho en "producto de mercado", lo cual se nota "en los apremios de las empresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro".

Ellos calculan que al año hay 500.000 avisos de cortes y que 9.200.000 personas "tienen dificultades para garantizarse este bien". El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que "cada mes se hacen 12.000 cortes" sólo en su corporación. Pero llama a estos deudores "personas que cometen fraude", como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

Fuente: eldiario.es