El pasado mes de septiembre la ministra Mato anunciaba a bombo y platillo que el Ministerio de Sanidad había llegado a un acuerdo con el laboratorio Gilead – dueño de la patente del Sofosbuvir (SOVALDI) – para adquirir la compra del fármaco, que en unión de otros medicamentos cura la Hepatitis C en un 97% de los casos, a la vez que produce un proceso de regeneración del hígado.

En esa misma declaración, Ana Mato aseguraba que el tratamiento podría empezar a ser prescrito por los médicos el 1 de octubre a los enfermos de Hepatitis C. Pasada esta fecha, la Ministra fijó el 1 de noviembre como una segunda fecha para que el tratamiento con SOVALDI fuese prescrito por los profesionales de la Sanidad Pública.

El 1 de octubre… el 1 de noviembre… y a día de hoy el fármaco aunque sea recetado por el hepatólogo no puede ser  suministrado  por la inexistencia del llamado IPT (Informe de Posicionamiento Terapéutico). Este informe es imprescindible para que los nuevos fármacos puedan ser incorporados al Nomenclátor y es entonces cuando pueden ser suministrados.

¿Por qué no sale a luz el ITP? La respuesta es fácil de responder el Informe de Posicionamiento Terapéutico (ITP) del SOVALDI – al cual diversos medios de comunicación han tenido acceso – es tan sumamente restrictivo que el Gobierno está buscando la fecha que menos le perjudique, toda vez que prevén que una vez salga a luz las movilizaciones de los afectados por la Hepatitis C van a ser inmediatas.

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C denunciaba  - el mismo día que tenía conocimiento de que el Ministerio destinaba una “partida extraordinaria”  de 125.000.000 de euros para la compra del fármaco – que esa partida era totalmente insuficiente toda vez que sólo serviría para que  se pudiesen suministrar 4.900 tratamientos. En España hay cerca de 300.000 enfermos de Hepatitis C diagnosticados.

Mientras el Gobierno corrupto del PP, ha destinado cerca de 200.000 millones de euros para salvar a la banca, 2.400 millones para rescatar a las empresas de la autopistas de peaje, 1.350 millones que ya ha pagado  para indemnizar a la empresa ACS de Florentino Pérez por la suspensión del  proyecto   CASTOR,    doce personas  mueren diariamente en nuestro país por no poder tener acceso a un tratamiento que cura y que el Gobierno le niega. Los afectados no aguantamos más una situación que nos lleva a definirla como crimen de lesa humanidad propiciada por la omisión del deber de socorro.

Es por ello que nuestra compañera Belén – esposa de Saturnino Cobo Potenciano enfermo de Hepatitis C en estado grave – ha decidido comenzar una huelga de hambre en el Hospital Ramón y Cajal para que le sea suministrado a su marido y a todos los enfermos de Hepatitis C el tratamiento que los cura.