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Por culpa del gobierno de Rajoy cada día 6 familias se quedan sin vivienda en Andalucía

andalucesdiario.es  |  10 de noviembre de 2014 (14:56 h.)
Por culpa del gobierno de Rajoy cada día 6 familias se quedan sin vivienda en Andalucía

Entre el 9 de octubre de 2013, cuando entró en vigor la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, y el 18 de diciembre, cuando el Gobierno central forzó su paralización mediante el Tribunal Constitucional, la Consejería de Fomento y Vivienda (IU) publicó la expropiación de 39 viviendas propiedad de entidades financieras para evitar otros tantos desahucios de familias en riesgo de exclusión social.

Las palabras “expropiación”, “bancos” y “desahucios” se mezclaban ruidosamente en los titulares de las informaciones en prensa y televisión, que recogían las impresiones entre aliviadas e incrédulas de familias humildes a las que la medida brindaba tres años bajo techo pagando un alquiler social. No obstante, más allá de la brillantina mediática de las expropiaciones, desde la Consejería insistían en que la mayor fortaleza de la Ley estaba en otra parte: concretamente, en su efecto disuasorio sobre todos los desahucios. La suspensión cautelar de norma, adoptada por el Constitucional en base a un recurso que incluía datos demostradamente falsos, ha pulverizado ese efecto disuasorio. Y empieza a notarse en un incremento de los lanzamientos en la comunidad.

UN REFLEJO ESTADÍSTICO

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son elocuentes si se examinan las estadísticas del segundo trimestre de 2013, cuando la norma ya estaba en vigor en forma de Decreto prácticamente idéntico a la Ley y con el mismo efecto disuasorio, y el segundo trimestre de 2014, con sus artículos fundamentales suspendidos. En los meses de abril, mayo y junio de 2013 se produjeron en Andalucía 962 lanzamientos de 4.688 ejecuciones hipotecarias. Es decir,sólo un 20,5% de las órdenes de desahucio se convertían efectivamente en lanzamientos: en gente expulsada de su casa.

El porcentaje se dispara en el segundo semestre de 2014, con la Ley suspendida. En el primer trimestre sin norma antidesahucios en vigor que puede compararse con el del año pasado con norma vigente, ocurrió que de las 4.240 ejecuciones hipotecarias resueltas en órganos judiciales, se produjeron en efecto 1.377 lanzamientos, un 32,4%, un 11,9% más.

UNA LEY INCÓMODA

¿Es atribuible en exclusiva este incremento a la suspensión de la norma? En la Consejería de Fomento y Vivienda están convencidos de que, al menos en parte, hay una relación directa. Porque la Ley antidesahucios no sólo evitaba desahucios mediante expropiaciones, sino que obraba un efecto disuasorio sobre todos los desalojos, explican desde la Consejería.

El motivo, señalan, es que la norma contemplaba sanciones a entidades financieras que mantuvieran viviendas vacías durante seis meses, lo cual “hacía que los bancos se lo pensaran más” antes de desalojar. “La perspectiva de ver expropiada su vivienda y de que pudieran ser sancionados por tenerla vacía tras el desalojo disuadía. Así lo hemos comprobado también con los testimonios de los propios afectadados y de los trabajadores de las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde se trabaja cara a cara con el problema”, añaden desde el departamento que dirige Elena Cortés, donde recuerdan que la Ley había puesto además “en el punto de mira de la opinión pública un conflicto directo entre la Administración y las entidades financieras, con la Ley de parte de lo público, que incomodaba enormemente a los bancos”. “No están acostumbrados a esa situación”, añaden.

En la Consejería recuerdan que la Ley no permitía frenar las ejecuciones hipotecarias, ya que eso requeriría la modificación de normas de rango estatal, sino el lanzamiento. Es ahí, entre la orden judicial y el desalojo efectivo, donde actuaba la norma andaluza. De haberse mantenido la Ley en vigor y por lo tanto el porcentaje de desahucios efectivos sobre el total de lanzamientos en el 20,5%, el número familias expulsadas de sus casas en el segundo trimestre de 2014 habría sido de 869, 508 menos que con la Ley suspendida. La conclusión sería clara: el recurso del Gobierno central sería responsable de 508 desahucios en los meses de abril, mayo y junio de 2014. Es decir, 5,6 desahucios al día.

ANDALUCÍA Y LAS DEMÁS CCAA

La comparación con los datos estatales y del resto de comunidades autónomas parece apoyar la tesis de la Consejería. En el segundo trimestre de 2013, con Ley en vigor, Andalucía fue la segunda comunidad que menor porcentaje de lanzamientos sobre ejecuciones hipotecarias realizó, un 20,5%. En el resto de comunidades autónomas, salvo Navarra (13,6%), el porcentaje fue mayor. De hecho, sólo en Cantabria (24,4%), Extremadura (25,5%), Galicia (26,5%), Madrid (27,2%) y La Rioja (23,6%) el porcentaje bajó del 30%. Por encima del 40% se situaron Aragón (43,4%), Canarias (57,4%), Castilla La Mancha (42,1%), Comunidad Valenciana (40,3%), Murcia (45,1%) y País Vasco (42,6%).

El escenario cambia en el segundo trimestre de 2014, sin Ley en vigor. Entre abril, mayo y junio en Andalucía se convirtieron en desahucios un 32,4% de las ejecuciones hipotecarias. Cinco comunidades se situaron ya mejor que Andalucía: Castilla La Mancha (28,6%), Extremadura (25,9%), Madrid (30,2%) y Navarra (30,7%). El incremento porcentual de desahucios en Andalucía comparando ambos trimestres, del 11,9%, es más del doble del experimentado en el conjunto de España, del 5,1%, un incremento en el que pesa significativamente la subida en Andalucía.

Los datos indican que en Andalucía es más fácil desahuciar por la suspensión cautelar de la Ley. Y el hecho se agrava teniendo en cuenta que el recurso que forzó la suspensión contenía al menos un informe con datos falsos. Concretamente el informe de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ahora es objeto de una batalla política del Gobierno andaluz y el Ejecutivo central.

SAREB: ¿ERROR O MENTIRA?

Si lo que pretendía el Gobierno central del PP con su recurso era aplacar el interés de la opinión pública en la Ley antidesahucios, que había servido además a Izquierda Unida para autoafirmarse en el seno del Gobierno andaluz, sería ingenuo afirmar que no lo ha conseguido. Pero igualmente ingenuo sería señalar que la Junta de Andalucía, con la norma en la mano, no iba a seguir deparándole quebraderos de cabeza al PP.

La fisura que encontró la Consejería de Fomento y Vivienda para seguir percutiendo estaba en el propio recurso del Gobierno. El texto de la impugnación del Gobierno era llamativo por su argumentación, en la que señalaba que la Ley antidesahucios tenía “la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico”.

El Gobierno también sostenía en el recurso que “no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”. Y concluía que, “de ceder el derecho a favor de su funció social”, en referencia a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública”.

911 NO ES LO MISMO QUE 98

Pero no fue esta catarata de argumentos lo que llamó la atención del equipo de Vivienda de la Consejería, sino un detalle escondido en un informe de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) adjunto al recurso para apuntalar sus tesis, y que incluía un balance de los activos del conocido como banco malo en la comunidad: 6.379 viviendas, entre ellas 911 protegidas. El problema para el Gobierno era doble: de un lado, al no haber comunicado un inventario de sus VPO a la Consejería la Sareb había incumplido un artículo de la Ley antidesahucios que el Ejecutivo se dejó sin recurrir; de otro, cada una de esas 911 viviendas debe estar a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas o, de lo contrario, la Sareb también estaría incumpliendo la Ley.

El resultado de la feliz idea de la Sareb de incluir el dato de VPO en su informe es que la Consejería de Fomento y Vivienda le abrió en febrero dos expedientes sancionadores por no comunicar sus sus VPO, por un lado, y por supuestamente no ponerlas a disposición de los registros, por otro. El primer expediente, ya cerrado, ha supuesto al banco malo una sanción de 120.000 euros. El segundo comenzó abriéndose por una escandalosa cuantía de 109,3 millones (120.000 euros por vivienda). Y precisamente en el proceso de audiencia a la Sareb fue cuando saltó la liebre. En sus alegaciones la entidad señaló que no tenía 911 viviendas, sino sólo 98, y que el dato inicialmente ofrecido era “una simple estimación”.

UNA MULTA DE 11,7 MILLONES

“El Gobierno usó datos falsos para sostener su recurso, que señalaba que la Ley iba a quebrar la Sareb y que la Sareb era pieza esencial de la política económica del Gobierno. Resulta que el único dato sometido a la lupa se ha caído. ¿Cuántas mentiras más hay?”, se preguntan desde la Consejería. El departamento de Elena Cortés, además de la multa de 120.000 euros ya impuesta, ha abierto otro procedimiento por 11,7 millones por esas 98 viviendas, y ya investiga si están o no a disposición de los registros.

Izquierda Unida, por su parte, ha anunciado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Parlamento de Andalucía, que fue el que aprobó la Ley, ponga los hechos en conocimiento del Constitucional, que adoptó la decisión de aceptar la suspensión cautelar de la norma con un informe con datos falsos encima de la mesa. Y que ese informe con datos falsos sigue encima de la mesa de los magistrados que tienen que decidir sobre el fondo del asunto. Mientras toman la decisión, que podría llevar años, los desahucios 

Fuente: andalucesdiario.es

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