Argentina integra las 46 naciones que se comprometieron a su implementación en forma temprana (Early Adopters Group) para 2017. De este modo, AFIP detectó 991 contribuyentes que pretendieron ocultar sus rentas obtenidas en Australia, Chile, Dinamarca y España.

Las principales irregularidades que se han detectado son: contribuyentes inscriptos en el Impuesto a las Ganancias que obtuvieron ingresos por alquileres de bienes en el exterior y no habían presentado su declaración jurada; contribuyentes inscriptos como “monotributistas” que obtuvieron intereses por depósitos en el exterior, y personas físicas argentinas no inscriptas o dadas de baja en el Impuesto en las Ganancias con ingresos por alquileres o depósitos bancarios.

No está de más poner de manifiesto en estos días la extrema “crispación” que noticias como éstas provocan en ciertos sectores de la población argentina, acostumbrados durante largo tiempo a practicar conductas fiscales reprochables desde todo punto de vista. En particular, se puede apreciar un llamativo silencio de los medios masivos de comunicación más importantes del país sudamericano, como Clarín y La Nación, los que, en las pocas ocasiones en que publican noticias del tipo que nos ocupa, se apuran a destacar la “impiadosa” persecución que sufren los ciudadanos argentinos de  parte de la AFIP. Ello a pesar de que, por el momento ningún ciudadano ha sufrido pena de prisión por no pagar impuestos, como es factible en los países llamados del primer mundo.

Pero ya que nos ocupamos de los más media, ¿de qué manera cumplen estas empresas con el fisco? El primero de los medios mencionados aquí tiene en marcha (muy pero muy lenta por cierto) un proceso judicial basado en una denuncia formal efectuada por un ex directivo nada menos que del JP Morgan, quien ha presentado ante la justicia las pruebas suficientes sobre la fuga de divisas desde la Argentina de muchos notables ciudadanos y empresas varias. Lo hizo en el marco de una denuncia en su contra por parte de un cliente que descubrió una maniobra non sancta del empleado de JP Morgan. Lo importante es que entre los señalados (con números de cuenta y montos involucrados) se encuentra el diario de marras en cabeza de sus dueños y directivos: “Cinco años después de que el financista arrepentido del banco JP Morgan Hernán Arbizu entregara datos a la Justicia sobre las cuentas offshore de empresarios argentinos, que en muchos casos provenían de fondos no declarados por evasión fiscal, el juez Sergio Torres decidió reimpulsar la causa.” “Entre ellas se encuentran diferentes empresas vinculadas al Grupo Clarín y cuentas particulares de sus principales directivos, como Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, así como también los hijos de la dueña del multimedio, Marcela y Felipe Noble. En total, sus depósitos superan los 270 millones de dólares.” (Revista VEINTITRES - 25.04.2013)

En cuanto al segundo medio nombrado antes, desde hace poco más de once años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia. (Diario Página 12 – 06/01/2013)

La justicia argentina se caracteriza por la bipolaridad de reacción, que se expresa por ejemplo en la rapidez  para procesar, en tiempo récord al vicepresidente de la nación, y sin embargo puede llegar a tardar años en impulsar causas como las descriptas. Y eso a pesar de las pruebas contundentes que justifican el procesamiento de los involucrados, al menos,  por evasión fiscal al Estado argentino.

Podrá preguntarse: ¿Cómo es que los mass media adquieren un poder tal que les asegura impunidad? La respuesta puede hallarse tal vez en la construcción de un corporativismo tejido en las redes de patronales de los grandes medios. En Latinoamérica lo vemos claramente plasmado en la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), organismo que se creó, según sus protagonistas, como defensor de la libertad de prensa, es decir de la prensa independiente. Sin embargo, detrás de esta fachada de elevados fines altruistas se esconde el accionar de los dueños de los grandes medios de comunicación del continente, especialmente escritos y abonados al imperialismo del norte, cuyos objetivos reales pasan por asegurar y favorecer el negocio de la información con todo lo que ello implica, esto es, la comercialización del papel, de las publicidades importantes, el manejo de las agencias de noticias y de publicidad concentradas en pocas y poderosas manos, con la gravedad que significa el poder para manipular la información conforme los objetivos antes mencionados.

Pero eso no es todo, lo realmente preocupante es la capacidad que la masividad de los medios involucrados les otorga para desestabilizar a los gobiernos que no comulgan con sus principios. Sobran los ejemplos de la lamentable actuación de este organismo durante toda su larga historia de manipulación mediática  a partir de 1950, cuando se reforman los estatutos con los cuales había nacido la SIP en La Habana en 1943, a instancias de la CIA. A partir de ese momento se desarrolla toda una estrategia con el fin último de promover y proteger los intereses corporativos y empresariales, así como los de las oligarquías dominantes de la región. En tal sentido se destaca una permanente relación con las dictaduras latinoamericanas y se consolida como un factor importante de desestabilización de gobiernos democráticos en pos de lograr la dominación estadounidense en América latina. De este modo les hemos escuchado levantado su “indignada” voz para ensuciar a los gobiernos democráticos, desde la época de Salvador Allende hasta los actuales, que sufren sus embates descarados declamando que ponen en peligro la libertad de expresión, cuando la realidad muestra claramente cada vez que leemos sus portadas, que no les tiembla el pulso para volcar toda clase de deformación y manipulación de las noticias que divulgan, de modo de lograr la desestabilización de los presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Baste como ejemplo la airada exigencia al gobierno argentino de cesar en sus “presiones” al periodismo “independiente” por el caso Papel Prensa, que involucra a los dos diarios más importantes del país en el delito de haberse apropiado de una empresa privada durante la última dictadura militar y que fue considerado por la justicia como delito de lesa humanidad.

Con la habilidad para manejar la hipocresía y el cinismo para mostrarse como las víctimas de persecuciones a la prensa “independiente”, van confundiendo a la opinión pública desprevenida pero en los últimos tiempos, donde han dejado de tener la exclusividad de la información y de ser la única vía de comunicación, les cuesta cada vez más el lograr convencer a los ciudadanos que hoy no son más parte pasiva y receptora de noticias, sino que han tomado el lugar de protagonistas y cronistas que propagan lo que éstos monopolios de la información no quieren que sepas. En buena hora.